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SISTEMA JUBILATORIO De Cristina a Mauricio: jubilados pobres y sin el 82 % móvil

El gobierno avanza con una reforma previsional. Aumentos en edad jubilatoria de las mujeres, rebaja de contribuciones. Lo que no se discute: la pobreza de los jubilados.

17 de febrero| Pablo Anino |

El kirchnerismo se vanagloria de haber reestatizado los recursos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cuando Amado Boudou presidía la Anses.

Que el ideólogo de esa reestatización haya sido el ex liberal de la UCD Boudou habla a las claras del carácter excepcional de la medida atendiendo la vía muerta a la que se estaba conduciendo el sistema privado y a las necesidades recaudatorias del Gobierno de entonces, especialmente en ocasión de desatarse la crisis económica mundial con origen de Estados Unidos.

No hubo una voluntad de afectar negocios privados ni de mejorar de manera sustancial los ingresos de los jubilados. De hecho, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS), que en el momento de la reestatización sumaba unos $ 100 mil millones pasó a ser de $ 843 millones en el tercer trimestres de 2016, manteniendo en su cartera de inversiones acciones de empresas privadas. Las principales tenencias accionarias del FGS son del Banco Macro, Telecom Argentina, Grupo Financiero Galicia, Siderar, Pampa Energía y Grupo Clarín.

Además, se utilizó el FGS para financiar el déficit público, afrontando de manera indirecta con los recursos de los jubilados los vencimientos de la deuda pública, en desmedro de mejorar los haberes: el 63 % de los fondos está aplicado en títulos públicos nacionales.

La movilidad jubilatoria establecida por ley en el año 2008 resultó totalmente insuficiente para mejorar los ingresos jubilatorios. Un criterio básico que debería seguirse es que los haberes alcancen de mínima para cubrir el costo de vida de los adultos mayores: la canasta básica de jubilados fue estimada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires en $ 14.062 para diciembre de 2016 mientras el haber mínimo se ubica en $ 6.561, menos que la mitad de lo que se necesita para vivir.

Lejos de atender las necesidades de la vida, el criterio seguido para definir los haberes es la capacidad recaudatoria del Estado (el tope de los recursos de Anses), visiblemente disminuida desde las reformas de los años menemistas. Durante todo el kirchnerismo nunca se puso en discusión la restitución de las contribuciones patronales al nivel de antes de los ’90 cuando se establecieron multiplicidad de beneficios a favor de las empresas.

Otra cosa que no se discute es lo bajo del incremento jubilatorio, aún el de 12,96 %, que Macri festejó por ser “mayor que la inflación semestral”. En primer lugar, porque el incremento anualizado significa diez puntos porcentuales menos que la inflación anual de 2016. Siguiendo la lógica del presidente, la fórmula de movilidad ya muestra su propia limitación porque no va ligada al incremento del costo de vida sino a lo que dice la Anses que recauda.

En segundo lugar, especialmente, porque sigue manteniendo una baja capacidad adquisitiva, aún más baja que la fines de los `90. Solamente si se compararan los haberes de los jubilados con los salarios de los trabajadores registrados (tomando el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -Ripte- y los boletines que publica el ministerio de Trabajo) los jubilados pasaron de tener ingresos promedio del 46% de lo que cobran los asalariados en 2004 al 38% en la actualidad.

Por su parte, el kirchnerismo también celebra las moratorias previsionales, pero esas medidas fueron coyunturales y dependientes de lo que disponga el Ejecutivo, sin resolver el problema de fondo: que los trabajadores van llegando a la edad jubilatoria y no alcanzan a los 30 años de aportes. Esto es así porque las moratorias de 2005 y 2014 son medidas “de emergencia” que permiten acreditar deuda hasta el año 1993 en el primer caso y hasta el año 2003 en el segundo, pero teniendo en este caso que mostrar condiciones de “pobreza” para poder obtener el beneficio, por lo cual las nuevas generaciones de jubilados no tienen capacidad de saldar años sin aportes más recientes.

Llegar a 30 años de aportes hoy en día es una odisea. Sólo el 20 % de los que se jubilan actualmente lo puede hacer. Los trabajadores deben soportar la carga de las crisis con la desocupación y los despidos, así como trabajar en condiciones de precariedad, informalidad, relaciones de dependencia encubiertas, sumas no remunerativas, entre otras cosas. No es un problema individual ni una responsabilidad del trabajador no haber podido acreditar los 30 años, como pretenden imponer las ideologías de la “meritocracia”, sino todo lo contrario, es la forma en que se las patronales hacen sus ganancias.

Se estima que un 50 % de los que acceden a una jubilación al llegar a la edad jubilatoria (65 años en varones y 60 años en mujeres) no logra computar ni un año de aportes. Además, el 70 % no llega a los 10 años de aportes.

Son datos catastróficos. Esto el Gobierno macrista lo quiere solucionar dando un beneficio de miseria como es la Pensión Universal que fue agregada de costado en la Reparación Histórica y que paga un 80% de la ya baja jubilación mínima.

Por ello, según los datos del BESS, en el segundo trimestre de 2016 (último dato disponible) el 70% de los beneficios jubilatorios y de pensiones es el mínimo, y el 87% ganaba menos de $ 10 mil pesos. Muy lejos del 82% móvil que vetó CFK y Macri está dispuesto a continuar negando. Para un trabajador en relación de dependencia que aportó toda su vida, la relación entre la jubilación y su salario es de un 60% promedio.

El haber mínimo es hoy un 76% del salario mínimo, e incluso con el aumento de 13% que habrá en marzo por movilidad seguirá por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

¿Volver a los noventa?

La reparación “histórica” fue una medida para justificar la ley de blanqueo, que sólo aumenta los haberes de un sector de jubilados, y que aprovecha la desesperación de miles de ellos (a los que luego castiga quitándole las medicinas del PAMI) ante la situación de años en que les liquidan mal los haberes debiendo afrontar juicios eternos. La falsa “reparación” no les devuelve lo que efectivamente se les debe, ya que se realizó un cambio del índice de cálculo de actualización que rebaja los incrementos de los haberes.

Trascendió también desde organismos públicos, que el Gobierno ya está poniendo en marcha una reforma jubilatoria, en la que planea aumentar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años y que no está descartado que también se incremente para los varones.

Se basan en ello en que “no hay plata suficiente”, mientras por otra ventanilla avanzan en desfinanciar el sistema con el FGS y con la reducción de las contribuciones patronales. Además, otro argumento utilizado es el envejecimiento de la población. Sin embargo, eso no significa que los trabajadores deban y estén en condiciones físicas de exigir su cuerpo más allá de los 60 y 65 años, habiendo ya sido explotado por sus patrones durante toda su vida activa.

Si actualmente el sistema previsional presenta un déficit se debe exclusivamente a la rebaja de las contribuciones que se viene implementando desde los ´90. En lo fundamental nunca se cuestionó, por el kirchnerismo tampoco, la vigencia del esquema de reducciones a las contribuciones que establece el Decreto 814 del 2001, y fue creando nuevos mecanismos de reducción para “fomentar el empleo formal”, cuestión que nunca sucedió. En la Revista Ideas de Izquierda se estimó que si se restituyen las contribuciones patronales al 33% se podría elevar el desembolso previsional un 40%.

Por el contrario, la línea política principal que está tejiendo el gobierno es aumentar los beneficios a las empresas implementando nuevas reducciones a las contribuciones que implican la desfinanciación del sistema (aún en los casos en que la ley obligue al Estado a cubrir con rentas del tesoro la diferencia).

La baja de contribuciones patronales fue la principal iniciativa formulada por Nicolás Dujovne apenas asumió como ministro de Hacienda: propone una reducción diferencial.

El desfinanciamiento de la seguridad social, con rebajas de contribuciones patronales, durante el gobierno de Carlos Menem se complementó con la privatización de la administración de fondos jubilatorios a manos de las AFJP.

No es casual que la ley que estableció la falsa reparación histórica para jubilados (y un blanqueo para evasores y fugadores) contenga la perspectiva de una reforma del sistema previsional, por ejemplo, elevando la edad jubilatoria como propuso el FMI.

El argumento del nuevo ministro de Hacienda, reproducido por las patronales, es que la reducción de impuestos ampliaría la base de aportantes dado que muchos blanquearían trabajadores, compensando las menores tasas impositivas.

Pero la experiencia práctica muestra que la reducción de las contribuciones patronales no conducen a un blanqueo, sino, por el contrario, al reemplazo de trabajadores estables o con mejores condiciones laborales por aquellos que provienen del segmento desocupado o peor remunerado, que se incorporan bajo los nuevos parámetros, para disminuir el "costo salarial" de conjunto.

Fotografía: bigbangnews

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